Los gobiernos de Cataluña y España buscan soluciones urgentes a la sequía
Cataluña vive una situación de emergencia hídrica que requiere medidas extraordinarias. Por eso, los gobiernos catalán y español han intensificado las conversaciones para acordar acciones más contundentes que mitiguen la falta de agua. Una de las opciones que se baraja es el envío de agua desde Valencia a Barcelona. El Puerto ya ha anunciado que está preparando sus instalaciones por si tiene que acoger barcos y los dos gobiernos han pactado el método y cómo financiarlo: el Estado se hará cargo del coste de producción y Cataluña, del transporte marítimo. La propuesta del gobierno español es aprovechar parte del agua de la planta desalinizadora de Sagunto. Una noticia que no ha gustado a algunos sectores del País Valenciano.
Pancarta contra el trasvase de agua a Cataluña en la desalinizadora de Sagunto
Un ejemplo de este malestar es la pancarta que ha aparecido estos días frente a la planta desalinizadora de Sagunto: «No al agua para Cataluña», reza. A pesar de la postura institucional del presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que ha mostrado su disposición a la «solidaridad entre comunidades» y de las aclaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, que asegura que la decisión no afectará a la demanda valenciana, el posible trasvase sigue generando controversia.
Los barcos podrían llegar en junio
Desde el gobierno central afirman que el trasvase de agua saldrá de la parte de la planta desalinizadora de Sagunto destinada a la futura fábrica de baterías que se ubicará en la zona. Por lo tanto, en ningún caso saldrá del agua que alcanza actualmente el pueblo valenciano, según las explicaciones que ha dado la ministra Teresa Ribera después de reunirse con el consejero de Acción Climática, David Mascort. La medida podría hacerse efectiva a partir del mes de junio y, según indican Ribera y Mascort, permitirá llevar un barco de agua al día cargado con 20.000 metros cúbicos de agua. El trasvase de agua a Cataluña no es el único acuerdo al que han llegado los dos gobiernos, que impulsarán la construcción de la planta desalinizadora del Foix y la ampliación de la de Tordera el 2028 y 2029. Todo ello, financiado con fondos europeos.
