Los abogados del proceso confiaban en la decisión del Tribunal Supremo
Los abogados del proceso daban por sentado, en diciembre, poco después del movimiento del juez Manuel García Castellón, que el Tribunal Supremo se quedaría la causa de Tsunami Democrático contra Carles Puigdemont. Interpretaban que no dejaría pasar la oportunidad de tener en sus manos el futuro de la que, por ahora, es la principal causa que pesa sobre el movimiento independentista. Por la gravedad de las acusaciones, porque afecta a Puigdemont y porque corre el riesgo de quedar fuera de la amnistía, al menos de entrada, mientras aguante la amenaza del terrorismo. Cuatro años después de la sentencia por sedición, Manuel Marchena, presidente de la sala segunda, se cobra su venganza, cocinada a fuego lento, contra Puigdemont, pero también contra el PSOE, que ahora ve tambalear la amnistía y, de rebote, la legislatura.
El mensaje enviado por el Tribunal Supremo
La decisión del Tribunal Supremo envía varios mensajes en el momento en que la negociación de la amnistía agota los plazos antes de pasar al pleno para la votación definitiva, de resultado incierto. En la crisis institucional que vive el Estado, la decisión del Supremo, el principal tribunal español, evidencia la bunquerización del poder judicial, que recela de la amnistía y de los pactos del PSOE con los independentistas y, sobre todo, con el partido de Puigdemont . Amparados por el rey Felipe VI hace apenas unas semanas, la sala penal escenifica esta protección a todos los jueces que rechazan la amnistía y certifica que se pondrán todas las trabas posibles para aplicar la ley tal y como quieren los negociadores de ERC, Junts y el PSOE.
El papel de Manuel García Castellón
Manuel García Castellón, el instructor de la causa de Tsunami, ha liderado a la oposición a la amnistía. Tras la decisión del Supremo, ve legitimada toda su actuación, que ni siquiera comparte la Fiscalía, en otros momentos tan beligerante contra el proceso, y que cuenta con numerosas irregularidades denunciadas por las defensas. Con el aval del Supremo, García Castellón afronta con mayor fuerza la investigación de los imputados no aforados, que continuarán en la Audiencia Nacional.
La guerra abierta entre los jueces y la Fiscalía General del Estado
La decisión del Tribunal Supremo certifica también la guerra abierta entre los jueces y la Fiscalía General del Estado. La sala penal no se ahorra reproches a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, por considerar que no hay terrorismo ni indicios suficientes para abrir una investigación contra el expresidente. En cambio, los magistrados compran los argumentos de los fiscales del Supremo, capitaneados por Fidel Cadena, que sí ven argumentos para imputar a Puigdemont como máximo responsable de Tsunami, un criterio que fue desmontado por Sánchez Conde, cercana al fiscal general, Álvaro García Ortiz, designado por el PSOE. El Supremo da validez a la tesis de Cadena, con mensaje implícito en el gobierno español: la Fiscalía puede decir lo que quiera, que la decisión final es de los jueces.
El mensaje claro a Carles Puigdemont
El Tribunal Supremo envía un mensaje claro a Carles Puigdemont, que más de seis años después del 1-O sigue siendo el principal objetivo de la judicatura española. Con la causa por el referéndum encallada desde hace años en Bélgica, García Castellón y el Supremo involucran al expresidente en la causa de Tsunami para tratar de mantener la persecución contra él y alejarle de la amnistía. El próximo paso pueden ser citaciones a declarar en la Audiencia Nacional y órdenes de detención, porque Ruben Wagensberg se marchó a Suiza. En el caso de Puigdemont, se le puede citar a declarar voluntariamente, pero se negará y la instructora Susana Polo deberá pedir un nuevo suplicatorio en el Parlamento Europeo, con elecciones europeas en el horizonte.
La presión sobre el gobierno español y la legislatura
La decisión del Tribunal Supremo también pone presión sobre el gobierno español. Tras los indultos y la reforma del código penal, vistos con recelo por el Supremo, la resolución es un torpedo a la línea de flotación del gobierno, porque enmienda las palabras de Pedro Sánchez y hace tambalear la ley de amnistía que fundamenta toda la legislatura. Las negociaciones entre el PSOE y Junts siguen atascadas mientras se busca el encaje por Tsunami. Si la presión del Supremo surte efecto, los negociadores no se mueven y la ley embarranca, la legislatura entrará en una dimensión desconocida, el futuro del gobierno español será incierto y la represión contra el independentismo continuará como hasta ahora. Y Manuel Marchena, discreto en todo el debate de la amnistía, habrá culminado su lenta venganza contra Puigdemont, el independentismo y, ahora también, contra el PSOE.
