Rechaza un recurso contra las investigaciones del Tsunami Democrático
La curia judicial española sigue mostrándose intransigente y hostil con el movimiento independentista catalán. Así lo demuestra la última resolución de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional, que ha denegado un recurso presentado por la defensa del empresario Oriol Soler, representada por Benet Salellas, con el apoyo del ministerio fiscal, dirigido por Miguel Ángel Carballo. El recurso pedía que se detuvieran las diligencias de investigación ordenadas por el juez instructor del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, en relación con la causa del Tsunami Democrático. Diligencias que, según las defensas y la fiscalía, alteraban las garantías y los derechos de los imputados.
Un argumento sorprendente y extravagante
La sala de apelaciones, presidida por el magistrado Félix Alfonso Guevara, emitió una breve resolución de cuatro páginas, a la que tuvo acceso este medio, con la que rechaza el recurso de Soler. El motivo que alega es, como mínimo, curioso y extravagante. Según los magistrados, solo pueden recurrirse las decisiones que inadmitan diligencias, pero no las que las admitan. Es decir, que dan carta blanca a cualquier juez instructor para practicar las pruebas que considere oportunas, sin límite ni control, y más en un caso como el del Tsunami Democrático, que implica, según algunas defensas, «disparar al matorral a ver si salta el vietnamita». Es decir, una investigación prospectiva que se acumula en las diligencias 85/19, que ni las defensas ni la fiscalía podían valorar o proponer que no se realizaran, aunque supusieran una vulneración de derechos.
Una instrucción descontrolada
De hecho, el escrito del recurso de apelación de Soler pedía a la magistratura que pusiera freno a una instrucción desmedida. «Es urgente que la Sala de lo Penal imponga límites, controles y garantías», decía. Así solicitaba que se denegaran las diligencias que se habían acordado y «para disciplinar el expediente lo centrara en su objeto procesal y, por tanto, a la vista de haber agotado la instrucción, cerrara definitivamente la investigación».
El Supremo, el gran aliado
La resolución, dictada el pasado 8 de marzo, de la sala de apelaciones también ataca a defensas y ministerio fiscal por su petición de detener las investigaciones e incluso de archivar la causa. El argumento de los magistrados es la decisión de la sala Penal del Tribunal Supremo de iniciar la causa penal contra el presidente en el exilio Carles Puigdemont y el secretario de la Mesa del Parlament, el republicano Ruben Wagensberg por los delitos de terrorismo. Una decisión que, según los magistrados, invalida el argumento de «la inexistencia de hechos penalmente típicos» en la instrucción de la causa.