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La ley de amnistía es viable según la Comisión de Venecia, pero cuestiona su urgencia y sus criterios

by PREMIUM.CAT

Un informe preliminar avala la constitucionalidad de la norma, pero recomienda mayor diálogo y participación

La Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional, ha emitido un informe preliminar sobre la ley de amnistía que se tramita en el Parlamento de Cataluña. En el documento, la Comisión considera que la norma es viable y no vulnera la separación de poderes. Sin embargo, también realiza una serie de observaciones y recomendaciones sobre el procedimiento, los criterios y el alcance de la ley, que considera que pueden mejorar su legitimidad y proporcionalidad.

El informe preliminar se debatirá los días 15 y 16 de marzo en una reunión de la Comisión de Venecia, en la que se podrán introducir enmiendas y cambios. Después, el texto definitivo deberá votar en el plenario del organismo europeo.

La Comisión de Venecia defiende la constitucionalidad de las amnistías, pero deja la decisión en el Tribunal Constitucional

La Comisión de Venecia recuerda que las amnistías son medidas que deben ajustarse a la Constitución y que el control de su constitucionalidad corresponde a los órganos y procedimientos establecidos por el derecho interno e internacional, especialmente el derecho de los derechos humanos. En este sentido, la Comisión no entra a valorar la compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la Unión Europea, ni tampoco su conformidad con la Constitución española, puesto que ésta es una competencia del Tribunal Constitucional.

La Comisión de Venecia reconoce que las amnistías suelen tener como motivo la reconciliación social y política, que son objetivos legítimos, pero que requieren un proceso que se base en la inclusión, participación, calendario adecuado y debates públicos. Por eso, la Comisión cuestiona la conveniencia de tramitar la ley de amnistía por la vía de urgencia, ya que esto puede afectar a su transparencia y aceptación social, teniendo en cuenta las consecuencias de largo alcance y la naturaleza a menudo controvertida de éstas leyes.

La Comisión de Venecia pide que los criterios de la ley de amnistía no sean personalizados ni arbitrarios

La Comisión de Venecia señala que las amnistías son medidas impersonales que se aplican a todas las personas oa determinadas categorías de personas, y que por tanto, los criterios que las definen no deben ser personalizados ni arbitrarios. La Comisión insiste en que las amnistías deben tener un objetivo legítimo en interés de la comunidad, y que en este caso, la unidad nacional y la reconciliación social y política pueden ser objetivos legítimos. Sin embargo, la Comisión exige también que la proporcionalidad implique que, en cada caso concreto, la amnistía propuesta sea un medio adecuado para alcanzar finalmente la unidad y la reconciliación.

La Comisión de Venecia constata que el proyecto de ley de amnistía se ha presentado con una consulta limitada del público, de las partes interesadas y de otras instituciones del Estado, provocando una profunda y virulenta división en la clase política, en las instituciones, en las autoridades españolas y en la sociedad. Por eso, la Comisión alienta a tomar el tiempo necesario para establecer un diálogo significativo en un espíritu de cooperación leal entre las instituciones del Estado y la oposición, con el fin de conseguir la reconciliación social y política.

La Comisión de Venecia hace tres recomendaciones sobre el ámbito material y temporal de la ley de amnistía

La Comisión de Venecia realiza tres recomendaciones específicas sobre el ámbito material y temporal de la ley de amnistía. En primer lugar, recomienda definir de forma más precisa el ámbito material y temporal de aplicación de la norma para hacer más previsibles los efectos de la ley. En segundo lugar, pide que se establezca un nexo casual más estrecho entre las consultas soberanistas del 9 de noviembre y 1 de octubre de 2017, su preparación o sus consecuencias, y los actos de malversación y corrupción. En tercer lugar, el organismo recomienda eliminar los criterios de la sentencia firme para la exclusión de los delitos de terrorismo.

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