El Gobierno y el PSC han llegado a un acuerdo para aprobar los presupuestos de 2024, que prevén un aumento del 10% en la partida de educación, la construcción de 10.000 viviendas de alquiler social en los próximos dos años, 25 nuevas unidades judiciales en Cataluña y 144 millones de euros adicionales para la atención primaria. Además, se destinarán 120 millones de euros para ayudar a los municipios a afrontar la sequía, uno de los principales retos ambientales del país. El acuerdo se formalizará esta tarde en el Palau de la Generalitat, donde el presidente Pere Aragonès y el líder de la oposición, Salvador Illa, firmarán el documento que recoge las medidas pactadas. El Gobierno espera aprobar las cuentas en un consejo extraordinario el miércoles a las 10.00 horas.
Un acuerdo con condiciones
El acuerdo entre el Govern y el PSC no es total, ya que todavía falta el visto bueno de un tercer socio: los comunes. El partido que lidera Jéssica Albiach ha puesto como condición para apoyar los presupuestos que el Govern renuncie al proyecto del Hard Rock, el complejo turístico y de ocio que se quiere construir en el Camp de Tarragona. Los comunes consideran que este proyecto es contrario a los principios ecológicos y sociales que defienden y supone una hipoteca para el futuro del territorio. Sin embargo, el Gobierno ha dejado claro que no hay ninguna partida presupuestaria específica para el Hard Rock, y que éste depende de un informe medioambiental que todavía no se ha hecho. Además, el Govern recuerda que el PSC ya dio su apoyo al Hard Rock en el acuerdo de los presupuestos de 2023, y que tiene el compromiso del presidente Aragonés de cumplir con los acuerdos anteriores.
Un entendimiento de largo recorrido
El acuerdo entre el Govern y el PSC no es fruto de la improvisación, sino que tiene su origen en la investidura de Pedro Sánchez como presidente del gobierno español, que contó con el apoyo de ERC. Entonces, los presidentes Aragonès y Sánchez pactaron una vía de diálogo y negociación para resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado, que pasaba por aprobar los presupuestos tanto en Madrid como en Barcelona. Así, el PSC se convirtió en un socio preferente del Govern, y facilitó la aprobación de los presupuestos del 2023, los primeros que elaboró el conseller de Economia Jaume Giró, de Junts. Sin embargo, este partido abandonó el Govern en octubre del 2022, tras discrepar con ERC sobre la gestión de la pandemia y la mesa de diálogo. Desde entonces, el Govern ha gobernado en minoría, con el apoyo puntual del PSC y los comunes.
La incógnita de Barcelona
El acuerdo entre el Govern y el PSC también tiene repercusiones en el Ayuntamiento de Barcelona, donde ERC ha pactado con los socialistas para aprobar los presupuestos del 2024 del gobierno de Jaume Collboni. Este pacto ha abierto la puerta a una posible entrada de ERC en el gobierno municipal, que actualmente está formado por el PSC y Barcelona en Comú. Sin embargo, los comunes no ven con buenos ojos esta opción, y acusan a los republicanos de vetarlos. Las negociaciones para definir el futuro del Ayuntamiento continuarán en las próximas semanas, con la vista puesta en las elecciones municipales de 2025. Lo que está claro es que los presupuestos son un elemento clave para entender las relaciones entre los diferentes actores políticos, tanto a nivel local como a nivel nacional.
