Las diputadas acuden a la Oficina de Igualdad del Parlament
El grupo parlamentario de Junts per Catalunya en el Parlament vive una situación de tensión y enfrentamiento y el último episodio tiene que ver con presuntos casos de acoso machista sufridos por dos de sus diputadas. Cristina Casol, la primera, y Aurora Madaula después han presentado sus quejas contra miembros de su propio partido ante la Oficina de Igualdad de la Cámara, que dispone de un protocolo específico para quejas de discriminación por razón de género.
La queja de Madaula era conocida desde que ella misma la hiciera pública en su intervención en un acto, en noviembre pasado. Pero ahora, según ha avanzado el diario Ara, la diputada ha decidido utilizar el mecanismo parlamentario de igualdad. Sigue así los pasos de su compañera Casol, cuyo caso la comisión cerró la semana pasada al considerar la comisión que no se podía demostrar la discriminación, aunque sí advertía sobre posibles prácticas machistas en el escenario de un choque entre corrientes internas de una formación.
El partido responde con acciones legales y disciplinarias
La queja de Casol y su filtración a la prensa provocó además que la dirección del partido acudiera a los tribunales. El secretario general Jordi Turull denunció en el juzgado la difusión tanto de los argumentos de la diputada contra Junts como del informe encargado por el Parlament a una entidad externa.
Además, una veintena de diputados de Junts han pedido que se expulse a Casol del partido por las supuestas acusaciones falsas vertidas. Si esto acaba sucediendo, la representante ya anunció que no dejará el acta sino que se mantendrá como diputada no adscrita.
Mientras tanto, el caso denunciado por Madaula sigue su propio curso. Tras la revelación inicial de la diputada, el partido actuó. Primero, la comisión de garantías abrió un procedimiento para determinar si debía cesarla como vicepresidenta de la formación. Después, para intentar sacarla de la Mesa del Parlament, donde es secretaria.
La presidenta de la Cámara, Anna Erra, llegó a comunicarle la “pérdida de confianza”, a pesar de que a los miembros del órgano rector los elige por votación directa el pleno y no la presidencia. Desde entonces, Madaula ha estado de baja médica y, por ello, ausente del día a día parlamentario.
Las dos denuncias se enmarcan en un contexto de guerra interna entre facciones de Junts
Más allá de los hechos concretos, las dos quejas se inscriben en un contexto de conflicto interno entre facciones de Junts y, ambas, han sido presentadas por dos diputadas del círculo más próximo a Laura Borràs, la antigua presidenta del Parlament a la que se le retiró el escaño tras su condena por corrupción. Su sustituta, Anna Erra, está estrechamente vinculada al sector rival, liderado por el secretario general, Jordi Turull. Desde la llegada de Erra a la dirección de la Cámara el partido ha intentado hacer un cambio de equipos, que ha contado con la oposición del sector más afín a Borràs.
Sin embargo, la discrepancia ideológica que hay entre ambos grupos, el de Turull más pragmático y su opuesto más reacio a cualquier entendimiento con el Estado, no ha estallado, debido a la apuesta de Carles Puigdemont por el pacto con el PSOE. La figura del expresident es una de las pocas cuestiones que aún unen sectores irreconciliables en otros ámbitos y que, si bien no se hacen la guerra por las posiciones políticas, sí se la hacen por el reparto de poder en las instituciones.
