El ministerio de Igualdad quiere penalizar las «tercerías locativas»
El departamento de Igualdad del ejecutivo español está trabajando en una nueva iniciativa legislativa para cerrar los burdeles. Así lo ha anunciado la reciente ministra Ana Redondo en una intervención ante la comisión de Igualdad del Congreso, asegurando que presentará en breve una propuesta para sancionar las «tercerías locativas» -una figura legal que se refiere a la cesión de inmuebles o locales para el ejercicio de la prostitución, con la que se pretende atacar a los dueños de los clubes y locales que se benefician de esta actividad-. La idea de la sanción de los burdeles ya se había debatido, como recuerda la propia Redondo, a finales de la anterior legislatura, pero no se llegó a aprobar por el impedimento normativo que supuso el adelanto de las elecciones generales. La actual responsable de la cartera afirma que medidas similares ya funcionan en otros países, y pide una «mayoría amplia» y un «debate social intenso, riguroso y profundo» para implementarla completamente.
La sanción de los burdeles exige una «alternativa» para las mujeres que ejercen la prostitución
La sanción de los burdeles implica, sin embargo, una «alternativa» para las mujeres que ejercen la prostitución en el Estado, unas 60.000, según las palabras de la propia Redondo. La ministra pide medidas para ayudar a estas mujeres, muchas de ellas en una situación material especialmente vulnerable. Así, se buscará una «solución económica, residencial y ocupacional» que permita «dar una vida digna y justa». Para iniciar un proceso de estas dimensiones, sin embargo, la socialista reitera el compromiso de «incluir en el Código Penal las tercerías locativas y prohibirlas».
Hoja de ruta hacia la abolición
La propia Redondo plantea el cierre de los locales de prostitución como un primer paso, «no definitivo, pero sí importante» en una larga hoja de ruta hacia la abolición, una posición dominante dentro del PSOE. De hecho, en palabras de la misma responsable de igualdad, «como socialista, no negaré que el abolicionismo es un fin». La propuesta, sin embargo, se cayó del programa del gobierno de coalición por las diferencias en esta materia que todavía mantienen con su socio de gobierno, Sumar. La ministra, no obstante, no ha confirmado si se retomará solo la sanción de los burdeles o si volverá el conjunto de la ley contra el proxenetismo que los socialistas impulsaron a finales de la legislatura pasada. La propuesta ya había llegado al Congreso con el apoyo del Partido Popular y de Podemos, aunque sectores del actual espacio de Yolanda Díaz, como por ejemplo los Comunes, se opusieron.
