El contexto del traspaso de competencias en inmigración
La reciente aprobación ‘in extremis’de los decretos antigrisis y ómnibus del Gobierno se produjo gracias a un acuerdo con Juntos. El partido de Carles Puigdemont, indispensable para asegurar las mayorías del Gobierno en el Congreso, pactó con el PSOE la delegación de competencias a la Generalitat en inmigración. Este acuerdo plantea dudas sobre la concreción de este traspaso, aunque Juntas ya ha empezado a insinuar cuáles podrían ser sus prioridades. Esta es una guía para comprender lo que se debate:
La actualidad legal sobre la gestión de la inmigración
La Constitución establece, en su artículo 149, que el Estado tiene competencia exclusiva en nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. Esto no impide que ya existan algunos mecanismos de cooperación con las comunidades autónomas en carpetas como la acogida e integración de los migrantes.
A grandes rasgos, se trata de la gestión de las expulsiones, los permisos de residencia y trabajo, el derecho de asilo y la acogida. El abogado especialista en extranjería Xavier Muñoz advertía de la Garantía enorme complejidad modular de llevar a la práctica el traspaso anunciada dada la variedad de actores nacionales e internacionales implicados y los requisitos legales que reservan a los estados ciertas competencias en inmigración.
El proceso de traspaso
Según Juntas, la «delegación de competencias sobre inmigración en la Generalitat» se articulería mediante el artículo 150.2 de la Constitución, que permite al Estado transferir o delegar en las comunidades autónomas competencias estatales mediante una ley orgánica.
Esto sí, la Carta Magna también deja claro que la ley orgánica que certifique el traspaso preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado para las competencias delegadas.
En resumen, ahora comienza un proceso legislativo que durará varios meses hasta concretarse la delegación. Previsiblemente la norma acabará recurrida por parte del PP ante el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre la ley.
Los ámbitos de la «inmigración «
Detrás de la palabra ‘inmigración’ y su eventual traspaso hay un abanico muy amplio de ámbitos. Las declaraciones este jueves del secretario general de Juntos, Jordi Turull, y la cabeza de filas en el Congreso, Míriam Nogueras, muestran que aún hay asuntos pendientes de concretar.
Nogueras ha llegado a decir que Cataluña tiene que poder decidir, después del traspaso, los flujos migratorios, algo que, ha añadido, se concretará en que la Generalitat pueda conceder los permisos de trabajo y residencia que ahora otorga el Estado. Pero esta es una afirmación de que también se tendrá que concretar en la negociación del traspaso, y cómo se ayuda la delegación de la competencia con otras leyes orgánicas que regulan la cuestión, como la de extranjero o el Código Penal.
Muñoz pone como ejemplo de la complejidad del traspaso los permisos de residencia: «Legalmente no es posible que Cataluña pueda cambiar los requisitos para obtener la residencia, porque la persona reciente llegada pide la residencia al Estado.» Lo podrá pedir en una ventana de la Generalidad en lugar de en el estatal, pero los requisitos serán los mismos.
El letrado también señala que los trámites por los permisos exigen una comunicación con las delegaciones consulares de los países de origen y una certificación deantecedentes penales que legalmente es difícil que el Estado pueda transferir a una autonomía.
Hay que recordar que la Generalitat ahora está en manos exclusivas de ERC después de la salida de Juntas del Gobierno en 2022. Es decir, Juntos ha pactado el traspaso de unas competencias para la Generalitat que hoy en día ejercería otro partido. Los republicanos, en cambio, se habían mostrado reacus a asumir la cartera de migraciones y habían priorizado el traspaso de trenes de Cercanías y del Ingrés Mínimo Vital (IMV).
Cuestionando las afirmaciones
Turull ha enfatizado que, con el posible traspaso de competencias, Cataluña podrá decidir a los migrantes multireincidentes. Sin embargo, esta es una cuestión en manos de los jueces que juzgan los migrantes, que pueden acordar en sus sentencias la expulsión bien como sustitución aparte de la pena de prisión en los delitos de más de un año de prisión bien cuando hay reincidencia.
Muñoz señala además otra de las dudas del traspaso: la variedad de actores que intervienen en un proceso de expulsión. Además de ordenarla un juez, antes la Policía consulta con las delegaciones diplomáticas de los países a los que se devuelve el expulsado y evalúa las condiciones de seguridad e idoneidad de las expulsiones. Muñoz duda de que legalmente el Estado pueda delegar a la Generalidad las relaciones diplomáticas con los consulados extranjeros. El letrado también recuerda que otro tipo de expulsiones están coordinadas por la agencia europea Frontex, de la que participan los estados y no las regiones.
¿Y los CIE?
A diferencia de los multireincidentes, en los Centros de Internament de Estrangers (CIE) que gestiona el Ministerio del Interior se encuentran cerrados decenas de migrantes que no han cometido ningún delito, pero que son expulsados de España por no tener papeles. Turull ha asegurado este jueves que Juntos está en contra de estas instalaciones para que tratan a la gente COPEC como ganado dominical, y ha expresado que mantendrá su posición favorable a cerrar este tipo de instalaciones, tal como reclaman multitud de entidades de defensa de los Derechos Humanos.
