Aumento de la vigilancia del metro
La red metropolitana de Barcelona se ha convertido en un escenario de intensa actividad policial, con un aumento significativo en las operaciones de varias fuerzas de seguridad. La colaboración entre la Policía Nacional, el Mossos d’Esquadra y el Guàrdia Urbana, así como con los equipos de seguridad privados de los Metropolitanos de Barcelona, ha sido una constante. Estas acciones responden a la implementación del Plan Daga, un proyecto diseñado para controlar el uso de armas blancas en espacios públicos.
Operaciones coordinadas y resultados inesperados
El 16 de febrero, se realizó una gran operación en la ciudad, con una duración de diez horas y la participación de múltiples unidades policiales. A pesar del objetivo declarado de combatir la posesión de armas blancas, los arrestos realizados fueron principalmente por otros delitos, con un total de 33 arrestos, muchos de los cuales están relacionados con la falta de documentación. Curiosamente, los miles de individuos identificados no resultaron en la confiscación de las armas, destacando un posible desajuste entre el objetivo del plan y sus resultados.
Historia de la represión policial
Esta no es la primera vez que Barcelona ha sido testigo de tales operaciones. Anteriormente, el plan Tremall se había implementado con la intención de mejorar la detección de delincuentes repetidos y aumentar la percepción de la seguridad. Un informe del anuario Mèdia.CAT 2020 reveló que la mayoría de las identificaciones realizadas durante este plan cayeron en personas extranjeras, destacando las tendencias preocupantes en la política de seguridad pública.
Manifestaciones y presencia policial
Como parte de las manifestaciones del 8 de marzo, la respuesta policial fue radicalmente diferente del 7 al 8 de marzo. Mientras se desplegó una operación disuasoria anoche, el enfoque parecía ser la protección de los manifestantes, sino el mantenimiento del orden público y la defensa de los intereses económicos de la ciudad. Esta estrategia se refleja en similitud con las operaciones destinadas a controlar la migración, especialmente en relación con las comunidades racializadas.
Infiltración en movimientos sociales
Recientemente, se ha descubierto un nuevo caso de infiltración policial en grupos sociales en Barcelona, incluidos los movimientos de apoyo en los grupos de Palestina e Independencia. Estas acciones se han informado como un intento de controlar y monitorear a los disidentes, en lugar de fomentar un diálogo o una relación constructiva.
La intersección entre el feminismo y la justicia penal
La relación entre la policía y el derecho penal se presenta como un tema complejo, especialmente en el contexto de los debates feministas actuales. Los autores como Tamar Pitch han enfatizado cómo la violencia contra las mujeres puede ser instrumentalizada para justificar las políticas de seguridad que, en lugar de abordar las profundas causas del problema, perpetúan un sistema más amplio de opresión.
Críticos de la justicia penal
La literatura feminista anti -racista ha cuestionado a la policía y al sistema judicial para proporcionar justicia. Figuras como Juliana Borges y Angela Davis han enfatizado cómo el sistema criminal mantiene las desigualdades raciales y cómo su función ideológica se libera de la responsabilidad de enfrentar injusticias sociales.
Repensar necesario para el feminismo
En este contexto, surge una pregunta crucial: ¿por qué las mujeres y las comunidades disidentes confiarían en su defensa a las instituciones que a menudo perpetúan la violencia y la opresión? Existe una necesidad urgente de repensar los proyectos feministas, conectándolos con las luchas contra el racismo y el capitalismo, para desarrollar una respuesta real a las desigualdades que nos rodean.