Cómo y por qué el CNI vigiló a Pere Aragonès con Pegasus y el visto bueno del Supremo
Los papeles desecretados por el gobierno español revelan que los servicios secretos españoles sospechaban que el actual presidente de la Generalitat era el coordinador de los CDR, los grupos que se autoproclamaron Comités de Defensa de la República. Así lo ha corroborado Nació, quien asegura que el CNI pensaba que Aragonés actuaba fuera de su rol institucional -entonces de vicepresidente- y de forma oculta.
Esta información sale a relucir pocas horas antes de que, este viernes, la antigua directora de los servicios de inteligencia, Paz Esteban, comparezca como investigada por la denuncia que interpuso el propio presidente de la Generalitat. El gobierno español la destituyó de la dirección del CNI después de que el caso, conocido como Catalangate, se hiciera público, ya instancias de sus socios catalanes y vascos, de los que depende la viabilidad de la legislatura.
El Gobierno considera la documentación «insuficiente» e «irreal»
Fuentes del Govern han explicado a Nación que encuentran la documentación «totalmente insuficiente», ya que dicen que hay partes suprimidas y páginas manchadas, circunstancia que impide la correcta lectura en algunos casos. Paralelamente, desde el ejecutivo creen que el motivo para vigilar al entonces vicepresidente de la Generalitat bajo el gobierno de Quim Torra está «fuera de toda realidad».
El Consejo de Ministros decidió la semana pasada dessecretar los documentos confidenciales del espionaje en Aragonès -tal y como había solicitado el propio presidente y el juez del caso-, un paso clave para que la declaración de Esteban este viernes pueda tener alguna repercusión. El levantamiento del secreto de esta resolución judicial es relevante porque permitirá confirmar de forma oficial que el CNI utiliza el software Pegasus, según destacan fuentes jurídicas consultadas. Fuentes del ejecutivo español remarcan tras la noticia la voluntad de «colaborar con la justicia» y contraponen su «transparencia» con la «guerra sucia» del PP, puesto que el espionaje se inició antes del llegada del PSOE a la Moncloa.
Robles defiende que todo se hizo con autorización judicial y respecto a la ley
La ministra de Defensa, Margarita Robles, ya había adelantado este mismo jueves en una comparecencia en el Congreso que su gobierno había enviado al juzgado la documentación «absolutamente esencial» para que Esteban pudiera declarar. Según Robles, en esta documentación «queda claro» que todo lo que se hizo fue con autorización judicial y respeto absoluto a la ley. Los autos desecretados parcialmente han llegado este jueves al juzgado de Barcelona que investiga el caso.
Hasta ahora, no se había hecho pública ninguna resolución que autorizara a intervenir teléfonos móviles de independentistas, aunque el CNI había admitido al menos 18 casos de espionaje autorizados por el juez en el marco de la comisión de secretos oficiales. Algunos de estos nombres, además del de Aragonès, eran Jordi Sánchez, Carlos Riera, Elisenda Paluzie, Marcel Mauri y varias personas del entorno de Carlos Puigdemont, como Gonzalo Boye, Joan Matamala y Josep Lluís Alay.
