Las acusaciones del CNI contra el presidente de la Generalitat
El CNI acusó a Aragonés de ser el líder de los CDR en la clandestinidad y pidió autorización para acceder a su móvil con el software Pegasus, según ha revelado ElNacional.cat. La documentación judicial que el gobierno español ha desclasificado incluye las argumentaciones que el CNI presentó para justificar el espionaje al jefe del Govern con el software Pegasus. «Aragonès ha coordinado las actuaciones de los CDR» o «Aragonès, sin respetar su rol institucional y de forma oculta, ha seguido ejerciendo las tareas de jefe de los CDR», son algunas de las afirmaciones textuales que aparecen en la documentación, según ha informado ElNacional.cat.
Con estas acusaciones, el CNI pidió poder utilizar a Pegasus para entrar en las comunicaciones del actual presidente de la Generalitat e indicó que no quería espiarlo como vicepresidente, sino como responsable de los Comités de Defensa de la República. «Se pide [poder espiarle] no por su calidad de vicepresidente de la Generalitat, sino por la función de dirección y coordinación de las actividades de los CDR», asegura el CNI en su solicitud. No se sabe si en su petición el CNI aportó evidencias al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas para permitir intervenir el teléfono de Aragonès de julio de 2019 a abril de 2020. El presidente defiende que fue en 2018 y, por tanto, sin cobertura legal.
La documentación censurada y borrada
La defensa ha recibido este jueves la documentación, llena de partes censuradas, que impiden comprender el significado de muchos de los fragmentos, con páginas completamente borradas. Según fuentes cercanas al presidente, las explicaciones que da el CNI para acceder a las comunicaciones telefónicas «están fuera de la realidad, son ficciones y son totalmente inverosímiles».
El gobierno español ha enviado la documentación desclasificada al juez del caso Pegasus del juzgado de Barcelona este mismo jueves, 24 horas antes de que Paz Esteban comparezca como investigada. De esta forma rectificaba una comunicación de esta misma semana en la que informaba al juez la desclasificación de las comunicaciones, pero sin entregarle las tres resoluciones del Supremo que autorizaban al CNI para acceder al teléfono de Aragonès, cuando era vicepresidente del Gobierno .
La reacción de la ministra de Defensa y de la Moncloa
Por su parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, reconoció este jueves durante una intervención en el Congreso, que su gobierno envió al juez la documentación «absolutamente imprescindible» y «sin ningún tipo de frivolidad» para que la exdirectora del CNI pueda declarar y ser interrogada este viernes por el espionaje en Aragonès. Según Robles, en esta documentación «queda claro» que «todo lo que se hizo fue con autorización judicial» y, por tanto, «con respeto absoluto a la ley».
Después de que se hayan hecho públicas las razones del CNI para acceder al móvil de Pere Aragonès, fuentes del gobierno español han querido remarcar que «ahora hay transparencia, garantías y estado de derecho» mientras que con el PP «había guerra sucia y policías paralelas».
El gobierno español dice que las operaciones del CNI que muestra la documentación desclasificada se realizaron antes de que llegaran a la Moncloa y «contaron siempre con autorización judicial». «Ni el CNI, ni el Supremo deben informar, lógicamente al gobierno», dicen las mismas fuentes. Encuadran la desclasificación en la voluntad del gobierno de colaborar con la justicia «siempre con el límite de la seguridad nacional». Para el gobierno español, las novedades sobre el espionaje en Aragonés publicadas este jueves demuestran que «ahora funciona el estado de derecho y se actúa con transparencia, nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la etapa del PP».
