El Gobierno desclasifica los autos que autorizaron el uso de Pegasus en el vicepresident de la Generalitat
El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) consiguió el visto bueno del Tribunal Supremo para infiltrarse en las comunicaciones de Pere Aragonès, el vicepresident de la Generalitat y líder de ERC. Así lo revelan los tres autos que el Gobierno ha remitido este jueves al juez que investiga el caso Pegasus, tras su insistencia. En los documentos, que tienen partes censuradas, se expone el motivo que llevó al CNI a espiar a Aragonès: según el servicio de inteligencia, Aragonès era el responsable “en la clandestinidad” de los Comités de Defensa de la República (CDR).
Se trata de la primera vez que se conocen las razones que justificaron las infiltraciones del CNI, gracias a una pesquisa judicial iniciada por la querella de los afectados por Pegasus. El programa informático permite acceder a todos los datos y conversaciones del teléfono móvil de la persona espiada. El magistrado del Supremo encargado de supervisar las actuaciones del CNI dio el primer aval al espionaje a Aragonès el 24 de julio de 2019. Tres meses más tarde, el 21 de octubre, en medio de las movilizaciones contra la sentencia del procés, autorizó una prórroga en el espionaje. La última autorización fue tres meses después, el 14 de enero de 2020. Aragonès ha denunciado siempre que fue espiado por motivos políticos.
Aragonès, al frente de los CDR según el CNI
Fuentes judiciales han informado a elDiario.es de que la explicación que contienen los autos del Supremo para espiar a Aragonès es que el dirigente de ERC, que en aquel momento era el vicepresident del Govern, “dirigía las acciones de los CDR”, las agrupaciones ciudadanas que nacieron en 2017 para defender las escuelas del 1-O de las intervenciones policiales y que después organizaron varias manifestaciones en la calle.
La información facilitada por el CNI al juez del Supremo que debía aprobar las medidas que suponen una vulneración de los derechos fundamentales de los espiados supone la primera vez que una instancia oficial vincula a Aragonès con los CDR. En aquel entonces, ERC ya había renunciado a la vía unilateral y en el Govern eran frecuentes los enfrentamientos con el entonces president, Quim Torra. De hecho, en 2017 Aragonès no participó en la organización del referéndum porque ERC quiso preservar su liderazgo en caso de inhabilitaciones de sus dirigentes, como sucedería con Oriol Junqueras.
En uno de los autos, según las fuentes judiciales consultadas, se puede leer que “Aragonès, siempre al margen de su papel institucional y en la clandestinidad, ha seguido ejerciendo las funciones de coordinador de los CDR”. En los documentos también se pide el uso de Pegasus en Aragonès “no por su condición de vicepresident de la Generalitat, sino por la labor de dirección y coordinación de las actividades de los Comités de Defensa de la República (CDR)”.
La exdirectora del CNI, imputada por el caso Pegasus, declara este viernes
La entrega de los autos del Supremo al juzgado se produce a pocas horas de la declaración este viernes de la exdirectora del CNI, Paz Esteban, hasta ahora el único cargo gubernamental imputado por el caso Pegasus y que fue destituida de su puesto en 2021 a raíz de las exigencias de ERC al Gobierno de Pedro Sánchez para cerrar la crisis abierta por el espionaje.
Tras conocerse el contenido de los autos, fuentes del Gobierno central han señalado que se trata de “operaciones iniciadas por el CNI” antes de la llegada del PSOE al Gobierno, aunque en el caso de Aragonès la solicitud del centro para usar Pegasus y el aval del Supremo se produjo ya con Pedro Sánchez como presidente.
Las mismas fuentes han añadido que “ni el CNI, ni el Supremo tienen que informar, lógicamente, al Gobierno”, y han resaltado que ha sido este Gobierno el que “ha decidido colaborar con la Justicia” en el caso de Aragonès. Según afirma el Ejecutivo, el envío de los autos al juez “demuestra que ahora funciona el Estado de derecho y se actúa con transparencia”. “Nada que ver con la policía paralela y la guerra sucia de la época del PP”, han agregado las fuentes del Gobierno.
Autos incompletos y con partes borradas
Los autos son los únicos documentos de los que dispondrán el juez y el resto de partes del caso para interrogar a Esteban. Las tres resoluciones, además, no están completas, pues el Gobierno ha borrado varios fragmentos de los autos. Así lo anunció el Gobierno al juez en el acuerdo de desclasificación de los autos “con la ocultación expresa de las partes de los mismos que conduzcan al conocimiento de medios o procedimientos del CNI”.
Fue el mismo argumento que empleó el Gobierno para negarse a proporcionar al juez información sobre quién decidió en el CNI la compra de Pegasus y dónde se guardaron los datos del espionaje a Aragonès. Según el Gobierno, proporcionar estos datos podría poner en riesgo a las fuentes del CNI.
“Reconocer y desvelar la existencia de determinados medios o concretos procedimientos –profundizó la argumentación del Consejo de Ministros para negarse a quitar el secreto a todo lo que solicitó el juez– perjudicaría de manera irreparable y esencial a la operatividad del CNI, produciéndose un peligro para la seguridad de España y sus ciudadanos”.
Está por ver la reacción del juez y de la defensa de Aragonès, que ejerce el penalista Andreu Van Eynde, toda vez que de toda la extensa petición para esclarecer el espionaje, solo se ha obtenido del Gobierno una respuesta limitada. E incluso los tres documentos enviados están incompletos.
Aparte de reiterar peticiones de desclasificación, Van den Eynde ya apuntó en su querella que, de confirmarse que el Supremo avaló el uso de Pegasus en Aragonès, podría acusar de prevaricación al magistrado del Alto Tribunal encargado del control del CNI, Pablo Lucas, porque, según el abogado, “no puede existir ninguna justificación para la utilización de un ‘software’ de monitorización absoluta”.
