El ministerio de Igualdad quiere penalizar a los propietarios de los inmuebles
El gobierno español tiene previsto presentar una nueva proposición de ley para cerrar los locales de prostitución. Así lo ha anunciado la ministra de Igualdad, Ana Redondo, en una comparecencia en el Congreso, donde ha explicado que se trata de penalizar a las “tercerías locativas”, una figura jurídica que hace referencia a la cesión de inmuebles o locales para el ejercicio de la prostitución, con la que se pretende perseguir a los propietarios de los clubes y locales que se benefician de esta actividad. La ministra recordó que esta medida ya se planteó a finales de la anterior legislatura, pero no pudo aprobarse por la convocatoria anticipada de elecciones generales. Redondo ha asegurado que esta iniciativa ya funciona en otros países, y ha pedido una «mayoría amplia» y un «debate social intenso, riguroso y profundo» para salir adelante.
Una alternativa para las mujeres que ejercen la prostitución
La ministra de Igualdad ha reconocido que la penalización de los locales de prostitución requiere una «alternativa» para las mujeres que se dedican a esta actividad en el Estado, unas 60.000, según sus datos. Redondo ha defendido la necesidad de implementar medidas para atender a estas mujeres, muchas de las cuales se encuentran en una situación de vulnerabilidad y precariedad. Así, ha propuesto una «solución económica, residencial y ocupacional» que les permita «tener una vida digna y justa». Sin embargo, para iniciar este proceso la socialista ha reiterado el compromiso de “incluir en el Código Penal las tercerías locativas y prohibirlas”.
Un paso hacia la abolición de la prostitución
La propia Redondo ha planteado la prohibición de los locales de prostitución como un primer paso, «no definitivo, pero sí importante» en una larga hoja de ruta hacia la abolición de la prostitución, una posición dominante dentro del PSOE. De hecho, en palabras de la propia titular de igualdad, «como socialista, no negaré que el abolicionismo es un fin». Sin embargo, la propuesta quedó fuera del acuerdo de gobierno con su socio, Sumar, por las discrepancias que mantienen en esta materia. Sin embargo, la ministra no ha aclarado si se recuperará sólo la penalización de los prostíbulos o si se volverá a impulsar la ley contra el proxenetismo que los socialistas promovieron a finales de la pasada legislatura. La propuesta ya contó con el apoyo del Partido Popular y de Podemos, aunque sectores del actual Sumar, como los Comuns, se opusieron.
