El caso
El Govern balear ha impuesto una multa de 2.040.068 euros a un agente de la policía local de Palma, detenido en noviembre, por gestionar trasteros y locales comerciales sin condiciones adecuadas para alquilarlos de forma fraudulenta como viviendas a migrantes, cobrando entre 300 y 750 euros al mes. En total, el funcionario administraba 73 habitáculos en los que las víctimas residían en condiciones de insalubridad.
Las infracciones
La Dirección General de Vivienda, dependiente de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad, ha sancionado a la sociedad a través de la cual el agente administraba los habitáculos por la comisión de 68 infracciones muy graves, lo que constituye la mayor multa de este tipo impuesta hasta la fecha.
Condiciones precarias
Según las investigaciones, el policía gestionaba trasteros y locales comerciales en Palma, destinándolos como viviendas en pésimas condiciones para decenas de migrantes, en su mayoría de origen hispanoamericano. Estas viviendas se encontraban en barriadas de la zona de Gomila y en las proximidades de varias calles en Palma.
Riesgos y manipulación
Muchas de las viviendas carecían de iluminación y ventilación, con un espacio de ‘vivienda’ de apenas ocho a 15 metros cuadrados, equipado con un WC, una ducha, un hornillo y un frigorífico. Además, se encontraron bombonas de gas, representando un riesgo para la vida en caso de escape. El policía también manipulaba las facturas de la luz para que los inquilinos pagaran más de lo consumido.
Investigación y consecuencias
El agente está siendo investigado por presuntos delitos de favorecimiento de la inmigración irregular, contra la integridad moral y estafa, tras una denuncia presentada por el servicio de Inspección de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ante la Policía Nacional. Además, una de las víctimas empadronó de forma fraudulenta a otras 12 personas en situación irregular en España y también ha sido detenida por tales motivos.
