La esperada desclasificación del gobierno español
Recientemente, el gobierno español ha llevado a cabo la desclasificación de información relevante relacionada con el espionaje al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, mediante el polémico programa Pegasus. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reconocido que solo se ha revelado lo esencial en este proceso, generando diversas reacciones y críticas.
Descontento por las expectativas incumplidas
Partidos como Esquerra Republicana han mostrado su decepción con los documentos desclasificados, argumentando que no han cumplido las expectativas previas. Francesc-Marc Álvaro, diputado de ERC, ha recriminado a la ministra la creación de expectativas sin satisfacerlas.
Un proceso parcial y su contexto
La desclasificación parcial de los documentos tuvo lugar hace diez días, tras la petición del juez encargado del caso que investiga el uso de Pegasus contra Aragonés y otros 17 líderes independentistas. Esta acción se produce dos meses después de la imputación de Paz Esteban, exdirectora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), quien será interrogada próximamente. Durante su comparecencia, la ministra Robles ha dejado claro que solo se ha desclasificado lo esencial y sin restricciones para permitir que Esteban pueda responder a las preguntas formuladas. Además, ha subrayado que todo el uso de Pegasus contó con autorización judicial.
Demandas y cuestionamientos
Desde Esquerra Republicana, se insiste en la necesidad de aclarar este caso y se advierte al gobierno de Pedro Sánchez que su falta de colaboración podría ser interpretada como un obstáculo a nivel judicial. En este sentido, se plantea la pregunta acerca de por qué España no ha seguido el mismo camino diplomático que Francia para abordar este tema con Israel, país relacionado con las acusaciones sobre Pegasus. Esta posición también ha sido respaldada por Bildu, recibiendo el apoyo del diputado Jon Iñarritu, quien señaló que el gobierno español no ha proporcionado toda la información solicitada por el juez.
La CUP continúa su lucha por la desclasificación
Por otro lado, la CUP ha vuelto a presentar una solicitud ante el Juzgado de Instrucción 32 de Barcelona para solicitar la desclasificación de documentos del CNI relacionados con el espionaje a Carles Riera, diputado de la CUP en el Parlamento, así como a los exdiputados Albert Botran y David Fernàndez. Los anticapitalistas destacan que ya presentaron una solicitud similar en abril de 2022, que fue dejada sin resolver por el juez. Posteriormente, recurrieron ante la Audiencia Provincial y la Sección Sexta, quienes se pronunciaron a favor de su petición.
