Las dificultades de la oposición para fiscalizar los fondos municipales
Ana Botella Gómez, exconcejala del partido socialista en el Ayuntamiento de Valencia, intentó seguir la pista de los fondos públicos que el gobierno de Rita Barberá destinaba a las fundaciones municipales relacionadas con la supuesta caja B del partido popular para la campaña electoral de 2007 .
Botella testificó en la tercera sesión del juicio de la pieza separada A del caso Taula y explicó el trabajo de fiscalización del PSPV-PSOE sobre las fundaciones que financiaron la campaña de Rita Barberá.
La complejidad de seguir las pistas de los fondos municipales
Ana Botella, conociendo los procedimientos legales de las subvenciones, manifestó su asombro por las elevadas cantidades de dinero destinadas a ciertas entidades y la falta de rendición de cuentas.
Sin embargo, se topó con varios obstáculos y la negativa del vicealcalde de la época, Alfonso Grau, acusado en el juicio del caso Taula, a facilitar la documentación solicitada.
Transparencia y barrios
Botella señaló que pese a tratarse de fundaciones municipales, se encontró con una falta de transparencia que impidió a la oposición acceder a la información. Describió esta situación como clara obstrucción y manipulación de la información.
La testigo trajo actos notariales que evidenciaban su dificultad para obtener la información solicitada, en referencia a la contabilidad de las fundaciones municipales.
Esfuerzos infructuosos y oposición constante
El grupo socialista tuvo que recurrir a un notario para certificar la carencia de transparencia en la gestión de los fondos municipales de Rita Barberá.
Pese a los esfuerzos, fue difícil obtener acceso a las cuentas de algunas fundaciones y se evidenció un preocupante grado de sospecha.
Descubrimientos y reacciones
El trabajo de fiscalización del PSPV-PSOE reveló anomalías en la contabilidad del Centro de Estrategia y Desarrollo, una fundación municipal que aparentemente financió la campaña de Rita Barberá.
Asimismo, se puso de manifiesto la vulneración de los derechos de la oposición en su labor de fiscalización.
Resistencia y confrontaciones políticas
Los socialistas hallaron resistencia y críticas por parte del gobierno de Rita Barberá cuando denunciaron las irregularidades.
Durante el juicio, se produjeron confrontaciones entre testigos y acusados, poniendo de manifiesto las dificultades en la fiscalización de los fondos municipales.
Investigación y consecuencias
La acusación popular de Compromís y la Fiscalía Anticorrupción solicitaron penas de prisión para varios acusados relacionados con la caja B del PP de Valencia.
Las pesquisas del caso Taula derivaron en otras investigaciones por presunta financiación irregular, evidenciando la complejidad de los procesos electorales y la fiscalización de los fondos partidistas.
Revelaciones sobre prácticas financieras cuestionables
Durante el juicio se expusieron prácticas cuestionables en la gestión financiera del entramado de Laterne, poniendo en cuestión la transparencia y legalidad en los movimientos de fondos.
Los testigos destacaron la inusualidad de ciertos ingresos y movimientos de dinero, así como la manipulación de facturas para encubrir determinadas operaciones.
